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Plataforma 2014 del Partido Libertario

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PLATAFORMA DEL PARTIDO LIBERTARIO

Adoptada en la Convención de junio de 2014 realizada en Columbus, Ohio

Como libertarios, buscamos un mundo de libertad, un mundo donde todos sean soberanos de su propia vida, sin que se obligue a nadie a sacrificar sus valores para beneficio de otros.

Creemos que el respeto de los derechos individuales es la condición esencial para un mundo libre y próspero, que la fuerza y el fraude deben ser desterrados de las relaciones humanas y que solo por medio de la libertad se puede alcanzar la paz y la prosperidad.

Por lo tanto, defendemos el derecho de cada persona a dedicarse a cualquier actividad pacífica y honesta y celebramos la diversidad que la libertad implica. El mundo que queremos construir es uno donde las personas tengan libertad para perseguir sus sueños a su manera, sin injerencia del Estado ni de ningún poder autoritario.

En las páginas siguientes exponemos nuestros principios básicos y enunciamos diversas posiciones de política derivadas de dichos principios.

Sin embargo, estas políticas específicas no son nuestro objetivo. Nuestro objetivo es ni más ni menos que llegar a ver con nuestros ojos un mundo en libertad y es con ese fin que adoptamos estas posiciones.

Nosotros, los miembros del Partido Libertario, impugnamos el culto al Estado omnipotente y defendemos los derechos de la persona.

Sostenemos que todas las personas tienen derecho a ejercer dominio exclusivo sobre su propia vida y a vivir como les plazca con tal que no interfieran por la fuerza en el derecho igual que tienen los demás a vivir como a ellos les plazca.

A lo largo de la historia, los gobiernos han operado regularmente sobre la base del principio opuesto, es decir, que el Estado tiene derecho a disponer de la vida de las personas y de los frutos de su trabajo. Incluso en Estados Unidos, todos los partidos políticos excepto el nuestro conceden al Estado el derecho de regular la vida de las personas y apoderarse de los frutos de su trabajo sin su consentimiento.

Nosotros, en cambio, negamos el derecho del Estado de hacer estas cosas y sostenemos que, donde haya un gobierno, no debe violar los derechos de ninguna persona, a saber, 1) el derecho a la vida; en consecuencia, apoyamos la prohibición del inicio del uso de la fuerza física contra otros; 2) el derecho a la libertad de expresión y de acción; en consecuencia, nos oponemos a todos los intentos del Estado de coartar la libertad de expresión y de prensa, así como a la censura de todo tipo por el Estado; 3) el derecho a la propiedad; en consecuencia, nos oponemos a toda injerencia del Estado en la propiedad privada, como la confiscación, la nacionalización y el dominio eminente, y apoyamos la prohibición del robo, el allanamiento de propiedad ajena, el fraude y las declaraciones falsas.

Como los gobiernos, cuando se los instituye, no deben violar los derechos individuales, nos oponemos a toda injerencia del Estado en los ámbitos de las relaciones voluntarias y contractuales entre personas. Las personas no deberían verse obligadas a sacrificar su vida y sus bienes en beneficio de los demás. El Estado debe dejarlas en libertad para hacer tratos entre ellas en un intercambio libre. El sistema económico resultante, el único que es compatible con la protección de los derechos individuales, es el sistema de mercado libre.

Las personas deben tener libertad para tomar decisiones por sí solas y aceptar la responsabilidad por las consecuencias de sus decisiones. Nuestro apoyo al derecho de una persona a tomar decisiones en la vida no significa que necesariamente aprobemos o desaprobemos tales decisiones. Ninguna persona, grupo o Estado puede iniciar el uso de la fuerza contra otra persona, grupo o Estado.

Cada persona es dueña de su propio cuerpo y tiene derechos sobre su cuerpo que otras personas, otros grupos y el Estado no pueden violar. Las personas tienen la libertad y la responsabilidad de decidir qué consumir a sabiendas y voluntariamente y qué riesgos asumir para su propia salud, su situación económica, su seguridad o su vida.

Apoyamos plenamente la libertad de expresión y nos oponemos a la censura, la regulación o el control de los medios de comunicación y la tecnología de las comunicaciones por el Estado. Estamos a favor de la libertad de participar o abstenerse de participar en toda actividad religiosa que no viole los derechos de los demás. Nos oponemos a las acciones del Estado que ayudan o atacan a cualquier religión.

Los libertarios propugnan la privacidad individual y la transparencia del gobierno. Estamos comprometidos a poner fin a la práctica del Estado de espiar a todos. Apoyamos los derechos reconocidos en la Cuarta Enmienda a la inviolabilidad de nuestra persona, hogar, bienes y comunicaciones. La protección contra registros e incautaciones arbitrarios debe abarcar los documentos que estén en poder de terceros, como correo electrónico, historiales médicos y registros bibliotecarios.

La orientación sexual, las preferencias sexuales, el género o la identidad de género no debería influir en el trato dado por el Estado a las personas, como en las leyes vigentes en materia de matrimonio, custodia de hijos, adopción, inmigración o servicio militar. El Estado no tiene la autoridad para definir, autorizar o restringir las relaciones personales. Los adultos que actúan con libre albedrío deben tener libertad para elegir sus prácticas sexuales y relaciones personales.

Reconociendo que el aborto es una cuestión delicada y que la gente puede tener diferentes opiniones de buena fe, creemos que el Estado debe mantenerse al margen del asunto y dejarlo a la conciencia de cada uno.

El Estado existe para proteger los derechos de cada persona, entre ellos la vida, la libertad y la propiedad. Las leyes penales deben aplicarse únicamente en casos de violación de los derechos de otros mediando fuerza o fraude o de acciones deliberadas que expongan a otros involuntariamente a un gran riesgo de sufrir daños. Estamos a favor de la derogación de todas las leyes que crean “delitos” sin víctimas, como el uso de drogas con fines medicinales o recreativos, ya que solo los actos que infringen los derechos de otros pueden llamarse propiamente delitos. Las personas conservan el derecho de asumir voluntariamente el riesgo de sufrir daños. Apoyamos la restitución a la víctima en la mayor medida de lo posible, por cuenta del delincuente o del infractor negligente. Nos oponemos a la reducción de las garantías constitucionales de los derechos de los acusados de delitos. No se deben negar los derechos de debido proceso, juicio sin demoras, abogado defensor, juicio por jurado y presunción de inocencia hasta que se pruebe la culpabilidad. Reafirmamos el derecho de los jurados consagrado en el derecho consuetudinario de juzgar no solo los hechos sino también la justicia de la ley.

El único uso legítimo de la fuerza es en defensa de los derechos individuales —a la vida, la libertad, la justicia y la propiedad legítimamente adquirida— contra la agresión. Este derecho es inherente a la persona, que puede aceptar la ayuda de cualquier otra persona o grupo. Reafirmamos el derecho individual reconocido por la Segunda Enmienda a poseer y portar armas y nos oponemos a que se enjuicie a cualquier persona por ejercer su derecho de legítima defensa. Nos oponemos a todas las leyes, en cualquier nivel del gobierno, que restrinjan, exijan el registro o vigilen la propiedad, la fabricación, el traspaso o la venta de armas de fuego o municiones.

Los libertarios queremos que todos los miembros de la sociedad tengan abundantes oportunidades de éxito en el plano económico. Un mercado libre y competitivo asigna los recursos de la manera más eficiente. Cada persona tiene el derecho de ofrecer bienes y servicios a otros en el mercado libre. La única función apropiada del Estado en el ámbito económico consiste en proteger los derechos de propiedad, resolver controversias y proporcionar un marco jurídico en el cual se proteja el comercio voluntario. Todos los esfuerzos del gobierno para redistribuir la riqueza o para controlar o administrar el comercio son impropios de una sociedad libre.

Como el respeto de los derechos de propiedad es fundamental para mantener una sociedad libre y próspera, evidentemente hay que defender también la libertad para contratar con el propósito de obtener, conservar, administrar o enajenar bienes propios o lucrar con ellos. Los libertarios suprimirían las restricciones impuestas por el Estado al derecho de los propietarios de controlar sus bienes y gozar de ellos, siempre que sus actos no perjudiquen a otros ni infrinjan sus derechos. El dominio eminente, el decomiso de bienes, los límites a las utilidades impuestos por el Estado, la producción obligatoria y los controles de precios de bienes y servicios (entre ellos los salarios, los alquileres y los intereses) constituyen una privación de estos derechos fundamentales. En las transacciones voluntarias entre entidades privadas, las partes deben tener libertad para elegir con quiénes comerciar y para establecer las condiciones comerciales de común acuerdo.

Apoyamos un medio ambiente limpio y saludable y el uso sensato de los recursos naturales. Los propietarios de tierras privadas y los grupos conservacionistas tienen gran interés en el mantenimiento de los recursos naturales. La contaminación y el uso indebido de los recursos causan daños a nuestro ecosistema. El Estado, a diferencia de las empresas privadas, no se responsabiliza de los daños ocasionados al medio ambiente y tiene una trayectoria terrible en materia de protección ambiental. Para proteger el medio ambiente hay que definir claramente y hacer valer los derechos individuales con respecto a recursos tales como la tierra, el agua, el aire y la vida silvestre. Los mercados libres y los derechos de propiedad estimulan las innovaciones tecnológicas y los cambios de comportamiento necesarios para proteger el medio ambiente y los ecosistemas. Nos damos cuenta de que el clima de nuestro planeta está cambiando constantemente, pero los defensores del medio ambiente y la presión social son los medios más eficaces para cambiar el comportamiento del público.

Si bien la energía es necesaria para impulsar una sociedad moderna, el Estado no debe subsidiar ninguna forma particular de energía. Nos oponemos a todo control estatal de los precios, la asignación y la producción de energía.

Todas las personas tienen derecho a retener los frutos de su trabajo. Propugnamos la abrogación del impuesto sobre la renta y la abolición del Servicio de Impuestos Internos y todos los programas y servicios federales que no se requieran en virtud de la Constitución de Estados Unidos. Nos oponemos a todo requisito legal que obligue a los empleadores a servir de recaudadores de impuestos. El Estado no debe contraer deudas, que representan una carga para las generaciones futuras sin su consentimiento. Apoyamos la aprobación de una "enmienda del presupuesto equilibrado" para la Constitución de Estados Unidos, con la condición de que el presupuesto se equilibre exclusivamente reduciendo los gastos y no aumentando los impuestos.

Estamos a favor de un sistema bancario de libre mercado, con competencia abierta entre los bancos y las instituciones de depósito de todo tipo. Los mercados en realidad no son libres si no se combate vigorosamente el fraude y si se socializan las ganancias y las pérdidas. Las personas que participen en intercambios voluntarios deben tener libertad para usar como dinero cualquier producto o artículo establecido de común acuerdo. Apoyamos el fin de las políticas monetarias inflacionarias y las leyes inconstitucionales en materia de moneda de curso legal.

Los libertarios apoyan los mercados libres. Defendemos el derecho de las personas a constituir empresas, cooperativas y otros tipos de entidades basadas en la asociación voluntaria. Nos oponemos a todos los tipos de subsidios y rescates estatales a empresas, trabajadores u otros intereses especiales. El Estado no debe competir con la empresa privada.

Los acuerdos entre empleadores privados y empleados relativos al empleo y la remuneración están fuera del ámbito del Estado y no se debe imponer a estos contratos la carga de prestaciones exigidas por el Estado o de la ingeniería social. Apoyamos el derecho de los empleadores privados y los empleados a decidir si negociarán entre ellos por medio de un sindicato. Las negociaciones deben estar exentas de toda injerencia del Estado, como el arbitraje obligatorio o la obligación de negociar.

La mejor educación es la que ofrece el mercado libre, que es de mejor calidad y más eficiente y posibilita la responsabilización y una mayor diversidad de opciones. Reconociendo que la educación de los hijos es una responsabilidad de los padres, queremos devolver a los padres la autoridad para determinar la educación de sus hijos, sin injerencia del Estado. Los padres deben tener el control y la responsabilidad de todos los fondos que se gasten en la educación de sus hijos.

Estamos a favor de un sistema de atención de salud basado en el mercado libre. Reconocemos la libertad de las personas para determinar el nivel de seguro médico que deseen, si es que lo quieren, así como el nivel de atención de salud que deseen, los proveedores de asistencia que quieran, los medicamentos y tratamientos que vayan a utilizar y los demás aspectos de la atención médica, incluidas las decisiones relativas al fin de su vida. La gente debe tener libertad para contratar seguros médicos de otros estados.

La planificación de la jubilación es responsabilidad de cada persona, no del Estado. Los libertarios eliminarían gradualmente el sistema actual de seguridad social patrocinado por el Estado y pasarían a un sistema voluntario privado. La fuente de ayuda apropiada y más eficaz para los pobres es el trabajo voluntario de grupos privados y de particulares. Creemos que los miembros de la sociedad serán cada vez más caritativos y la sociedad civil se fortalecerá a medida que el Estado reduzca su intervención en este ámbito.

La protección de los derechos individuales es el único propósito legítimo del Estado. En la Constitución se limitan los poderes del Estado a fin de evitar la vulneración de los derechos individuales por el propio Estado. El principio de no iniciar el uso de la fuerza debe guiar las relaciones entre los Estados.

Apoyamos el mantenimiento de una fuerza militar suficiente para defender a Estados Unidos contra la agresión. Estados Unidos debe tratar de no enredarse en alianzas y debe abandonar sus intentos de actuar como policía del mundo. Nos oponemos a toda forma de servicio nacional obligatorio.

La defensa del país requiere que contemos con suficiente inteligencia para detectar y contrarrestar las amenazas para la seguridad interior. Este requisito no debe tener prioridad sobre el mantenimiento de las libertades civiles de nuestros ciudadanos. La Constitución y la Declaración de Derechos no podrán suspenderse, ni siquiera en tiempo de guerra. Los organismos de inteligencia que procuran legítimamente preservar la seguridad de la nación deben ser supervisados y actuar con transparencia. Nos oponemos al uso por el Estado de clasificaciones secretas para impedir que el público tenga acceso a información de la que debería tener conocimiento, sobre todo la que muestre que el gobierno ha quebrantado la ley.

La política exterior de Estados Unidos debe procurar que el país esté en paz con el mundo. Nuestra política exterior debe hacer hincapié en la defensa contra un ataque desde el exterior y aumentar las probabilidades de paz, evitando enredarse en asuntos de otros países. Queremos poner fin a la actual política del gobierno de Estados Unidos de intervención en otros países, incluida la ayuda militar y económica. Reconocemos el derecho de todos los pueblos a resistir la tiranía y a defenderse y defender sus derechos. Condenamos el uso de la fuerza, en particular el uso del terrorismo, contra personas inocentes, independientemente de que esos actos sean cometidos por Estados o por grupos políticos o revolucionarios.

Apoyamos la eliminación de los obstáculos estatales al libre comercio. A fin de que las personas puedan gozar de libertad política y escapar de la tiranía, es necesario que no estén sometidas a restricciones estatales irrazonables para cruzar fronteras políticas. La libertad económica exige el movimiento de personas y de capital financiero sin restricciones a través de las fronteras nacionales. Sin embargo, apoyamos el control de la entrada a nuestro país de extranjeros que presenten una amenaza creíble para la seguridad, la salud o los bienes.

Los libertarios abrazan el concepto de que todas las personas nacen con ciertos derechos inherentes. Rechazamos la idea de que un derecho natural pueda imponer una obligación a otros para que se pueda gozar de ese “derecho”. Condenamos la intolerancia por ser irracional y repugnante. El Estado no debe negar ni cercenar los derechos humanos de ninguna persona por razones de sexo, posición económica, etnicidad, credo, edad, origen nacional, hábitos personales, preferencias políticas u orientación sexual. Los integrantes de organizaciones privadas conservan su derecho a establecer las normas de asociación que consideren apropiadas y las personas tienen libertad para responder con el ostracismo, boicots y otras soluciones del mercado libre. Los padres o tutores tienen derecho a criar a sus hijos según sus propias normas y creencias, lo cual no debe interpretarse como una aprobación del maltrato y el descuido de menores.

Apoyamos los sistemas electorales que son más representativos del electorado a nivel federal, estatal y local. Se debe permitir que los partidos políticos, en calidad de grupos voluntarios privados, establezcan sus propias normas para la presentación de candidatos, las elecciones primarias y las convenciones. Hacemos un llamamiento para que se ponga fin a las subvenciones de candidatos o partidos financiadas con dinero de los contribuyentes y para que se deroguen todas las leyes que restrinjan el financiamiento voluntario de las campañas electorales. Nos oponemos a las leyes que excluyen en la práctica a otros candidatos y partidos, que niegan su inclusión en las papeletas electorales, que demarcan arbitrariamente los distritos electorales o que niegan a los votantes el derecho a considerar todas las alternativas legítimas. Propugnamos la iniciativa, el referendo, la destitución de funcionarios por votación popular y la abrogación.

Si un gobierno, de cualquier tipo que sea, se vuelve destructivo de la libertad individual, el pueblo tiene derecho a reformarlo o abolirlo y a ponerse de acuerdo sobre la nueva forma de gobierno que considere que le ofrezca las mayores probabilidades de proteger su libertad.

Nuestro silencio con respecto a cualquier otra ley, reglamento, ordenanza, directiva, edicto, control, organismo regulatorio, actividad o maquinación del Estado no debe interpretarse como una aprobación.